La Cadena Ser se ha hecho eco de una investigación llevada a cabo por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que trata dilucidar el alcance de un fraude masivo en la venta de combustible por parte de la denominada ‘mafia del diésel’, que tendría un impacto económico estimado en 1.900 millones de euros anuales, lo que lo convierte en uno de los mayores fraudes detectados en España.
¿En qué consiste el fraude de la mafia del diésel?
El fraude comienza con la importación de diésel refinado desde países sancionados como Siria, Rusia e Irán. Para eludir las restricciones, el origen del combustible es falsificado, haciéndolo pasar por países como Turquía o Marruecos. Este combustible se introduce en España a través de «operadores fantasma», empresas que operan solo por cortos periodos de tiempo, vendiendo a precios significativamente más bajos que el diésel legal.
El entramado afecta a varios niveles:
- Fraude del IVA: Los operadores venden el diésel, recaudan el IVA, pero desaparecen sin pagarlo, embolsándose el 21% de cada transacción.
- Fraude en biocombustibles: El diésel vendido no incluye la proporción de biocombustibles exigidos por ley, lo que lo hace más contaminante y más barato.
- Fraude en el «fondo de eficiencia»: Las compañías que venden este diésel pirata no pagan la tasa que compensa por las emisiones contaminantes, lo que supone otro ahorro indebido.
Combustible muy barato que puede salir muy caro
Este esquema tiene consecuencias profundas tanto para las estaciones de servicio como para los consumidores. Las gasolineras que compran este diésel barato (consciente o inconscientemente) ofrecen precios muy por debajo del mercado legal, llegando a vender el litro entre 20 y 40 céntimos más barato. Esto ha permitido a algunas estaciones atraer más clientes, pero también ha llevado al cierre de muchas gasolineras que no pueden competir con estos precios tan bajos.
Aparte de la evasión de impuestos, el recorrido de este combustible, sin un control por parte de las autoridades, hace que sea difícil saber si su calidad es adecuada para ser utilizada en los vehículos. En España, la mayor parte del combustible distribuido a las gasolineras proviene de las refinerías gestionadas por empresas como Repsol, Cepsa o BP, aunque en momentos de alta demanda también se puede recurrir al suministro de países exportadores como Estados Unidos, Rusia y países del norte de África, como Argelia, siempre con los controles de calidad requeridos.
Al no pasar por este filtro necesario, podría darse el caso de que la calidad del diésel, o su aditivación, no cumpliera con los estándares mínimos requeridos. Y, como consecuencia, esto podría derivar en perjuicios para los usuarios que han repostado en gasolineras que han utilizado estos combustibles, que irían desde un menor rendimiento a un mayor consumo y contaminación y, en el peor de los casos, averías de diversa gravedad en los motores de sus vehículos.
Acciones de las autoridades
La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) y la Agencia Tributaria han comenzado a investigar a las estaciones de servicio y operadores implicados. Hasta el momento, han emitido 400 requerimientos a gasolineras sospechosas de participar en la red de fraude. Además, se ha identificado a los principales operadores fantasmas, quienes operan desde ubicaciones prestigiosas como el Paseo de la Castellana y la calle Goya en Madrid.
Bonito artículo sobre combustible.
Habría que saber por qué en España hay tantos impuestos sobre hidrocarburos.
Los motores no son de fabricación española y en esos países funcionan con sus combustible. Rusos ,chinos, árabes etc.
Las medidas anticontaminación sólo europeas de exigencias a los fabricantes carecen de sentido si a una hora de avión Alemania Rusia o otro país se lo pasen por el forro y favorecen SU industria y economía frente a la idiotez de los gilipolleces de la CCAA. EUROPA SE MUERE. EN MOVILIDAD