Las patronales de talleres, Cetraa y Conepa; y de recambistas, Ancera, han unido fuerzas para emitir una petición al Gobierno la implantación de un plan de ayudas para promover la revisión de determinados sistemas de los vehículos en el taller, especialmente los relacionados con las emisiones, como ya se está haciendo en otros países. Pretenden la subvención, por medio de la aportación de sesenta euros de fondos públicos en cada operación de revisión del sistema de emisiones de un automóvil en el taller.
Y se trata de una operación que por norma general va muy vinculada a las revisiones pre-ITV y que de otro modo no suelen darse en el taller, pero puede este impulso puede ser una manera de, por un lado, trabajar contra el absentismo en las inspecciones -hoy millones de vehículos circulan sin la ITV en regla en España-; y, por otro, de atraer a clientes que de no contar con esta ‘ayuda’ tratarían de evitar su visita previa al taller antes de realizar la inspección…
Lo que han hecho las patronales en cualquier caso ha sido dirigir un escrito conjunto a los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Transición Ecológica y Reto demográfico e Industria, Comercio y Turismo en representación del sector de la posventa de automoción.
En el texto, además de solicitar esta aportación de fondos públicos, recuerdan que los servicios de los talleres “han sido considerados de gran importancia para la comunicad” y destacan “el gran esfuerzo que las empresas del sector han realizado para estar a la altura en unos momentos tan complicados”.
Y es que los datos de la evolución económica de estas empresas son preocupantes, destacan, lamentando además las tres entidades que el sector no haya sido valorado por la Administración, tal y como deja patente el hecho de que el Gobierno no mencione al taller “ni una sola vez” en el “Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción”.
En esta línea, al mismo tiempo que aplauden las medidas que se están tomando para la renovación del parque con ayudas a la compra de unidades nuevas, ponen también de manifiesto la existencia de millones de vehículos, “propiedad de ciudadanos que no pueden adquirir coches nuevos y que no quieren renunciar ni a la seguridad ni al cuidado del medioambiente”.
Recuerdan además que un vehículo bien mantenido es un vehículo que contamina menos, ahorra combustible y contribuye también a la seguridad de los ciudadanos: los mismos objetivos en los que se basan dichas ayudas a la renovación del parque. Por esa razón, consideran que resultaría ecuánime que a los propietarios de estos vehículos también se les apoyase desde las Administraciones públicas para conseguir esos fines, sobre todo en un momento en que la situación económica de tantas familias aleja de sus prioridades el cuidado de sus automóviles.
Las tres entidades de defensa del sector calculan que varios millones de vehículos podrían ser susceptibles de revisión. Su consecuencia resultaría altamente positiva para el medioambiente y para la salud de las personas, dado que un correcto funcionamiento de estos sistemas en una parte sustancial del parque podría suponer reducciones del 10% en CO2, 80% en partículas y 55% en NOX. De igual manera, constituiría un buen acicate para reducir el absentismo en el cumplimiento de las obligaciones ligadas a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El proyecto ayudaría también, aseguran, a la sensibilización de los ciudadanos en materia de calidad del aire en un momento en el que la lucha contra la pandemia anima al uso del vehículo privado para los desplazamientos personales, como se desprende del notable aumento de la demanda en vehículos de ocasión con una antigüedad elevada en los últimos meses.
