¿Salario mínimo de los trabajadores o ganancias de la empresa?

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Como ya es tradición desde que empezara la crisis del coronavirus, Ernst Prost, director general de Liqui Moly, se dirige a sus compañeros de trabajo en su habitual misiva, haciendo alusión, en esta ocasión, a la competencia desleal mediante subvenciones a empresas que apenas respetan las normas básicas.

De este modo, Prost empieza su circular haciéndose una pregunta: “¿Es mejor mantener las ganancias de una empresa que pagar a sus trabajadores el salario que merecen para poder subsistir y que de por sí se han ganado generando esas ganancias para la empresa?”. Para el director general, “esto no tiene por qué ser, sobre todo”, explica, “cuando el Estado, con todos los fondos que ha recaudado de nosotros, ayuda a los empleados y así indirectamente también a la empresa”.

Asimismo, Ernst Prost indica que “en una relación laboral por cuenta ajena se utiliza dinero público”, y “posteriormente todavía más dinero para luchar contra la pobreza en la vejez que proviene de los ingresos bajos”, por lo que, asegura, que ese dinero se tiene que generar en otro lado. “De esta manera”, prosigue, “se subvenciona a las empresas con aportaciones y recursos similares y así, mejorando los salarios demasiado bajos de los trabajadores con dinero público, aumenta la rentabilidad de las empresas”.

Ante esta situación, el director general de Liqui Moly se pregunta “¿cómo se explica entonces que en el mismo ramo existan empresas que sigan recurriendo a la estrategia del salario mínimo, mientras que otras son capaces de pagar salarios dignos?”.

En su opinión, “no creo que sea un gran logro ser barato, cuando no pago bien a mis trabajadores, no respeto los convenios y cuando parto de la base del salario mínimo al hacer mis cálculos”. Prost lo considera “un error”, “un abuso del sistema de seguridad social” y “competencia desleal”.

Por último, concluye su circular señalando que “las personas deben poder vivir de su trabajo y esto debe ser posible con solo un trabajo”, y que a “las empresas que no quieran o puedan cumplir con su responsabilidad social mediante una retribución suficiente” no se les debería permitir vender a bajo precio, “quitándole el suelo bajo los pies a empresas económicamente sanas, recurriendo a subsidios para sí o sus plantillas o recibir directamente subvenciones o enviar a sus equipos a las oficinas de empleo y así mejorar los escasos ingresos”.

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