Alicante intensifica su lucha contra los ilegales

La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Atayapa) y la asociación de talleres de Alicate (FEMPA) han intensificado su lucha contra los talleres ilegales, una problemática que califican como una de las mayores lacras del sector en la provincia de Alicante. En los últimos cinco años, ambas entidades han tramitado un total de 176 denuncias, lo que ha derivado en sanciones y en el precintado de algunos establecimientos.

Según destacan desde la patronal, el intrusismo profesional está generando un importante perjuicio tanto para los talleres que operan dentro de la legalidad como para los propios consumidores, quienes se exponen a reparaciones defectuosas y sin garantías.

Por ello, la lucha contra esta actividad irregular se ha convertido en una prioridad para Fempa y Atayapa, debido a su impacto directo en la seguridad vial, industrial y medioambiental, así como en la viabilidad de los negocios legales. Entre las medidas adoptadas, sobresale un servicio de denuncias anónimas que permite a los talleres asociados informar sobre prácticas irregulares. Un trabajo que realizan en colaboración con las administraciones públicas, con la policía autonómica, el Servicio de Protección de la Naturaleza y entidades locales, así como han reforzado la visibilidad de los talleres autorizados a través de la campaña “mitallerdeconfianza.es”, impulsada con el apoyo de la Diputación de Alicante.

El 20% de los talleres, ilegales

Del total de denuncias registradas, 67 se localizaron en la ciudad de Alicante y su comarca, 32 en el Vinalopó, 8 en la zona de Alcoy, 34 en las comarcas de la Marina y 35 en la Vega Baja.

Las cifras reflejan una problemática de alcance nacional: se estima que cerca del 20 % de los talleres en España son ilegales o clandestinos, lo que supone que uno de cada cinco opera fuera de la normativa. Esta situación ha provocado una caída de la actividad superior al 20 % en los talleres legales, generando una competencia desleal que el sector considera “insoportable”.

Las inspecciones realizadas han permitido detectar, en algunos casos, delitos asociados como la presencia de vehículos robados, estupefacientes, trabajadores sin contrato o matrículas sustraídas. No obstante, las autoridades encuentran dificultades para actuar, ya que muchos de estos talleres funcionan en viviendas particulares, garajes o chalets, lo que complica su localización y requiere, en ocasiones, autorización judicial para acceder.

Desde Fempa y Atayapa advierten de las graves consecuencias de esta actividad ilegal. Por un lado, los consumidores quedan desprotegidos ante posibles fallos en las reparaciones. Por otro, se incrementan los riesgos para la seguridad vial debido a la baja calidad de los trabajos y de los materiales empleados.

Además, alertan del impacto medioambiental, al desconocerse el tratamiento de los residuos tóxicos generados, así como del peligro para los trabajadores, ya que estos establecimientos suelen incumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y mantenimiento de instalaciones.