Andalucía quiere «adaptar las tarifas» de la ITV al siglo XXI

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha iniciado los trámites para modificar el actual cuadro tarifario del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), vigente desde 2014, con el objetivo de hacerlo más sencillo y adaptado al nuevo marco jurídico, económico y ambiental, según informan desde Europa Press. Para ello, ha abierto un periodo de aportaciones ciudadanas que finalizará el próximo 13 de agosto.

Según se expone en la resolución publicada para la apertura del proceso participativo, el modelo tarifario actual, establecido por una orden de 2014, ya no responde adecuadamente a la realidad social ni a los principios legales vigentes. De hecho, desde la entrada en vigor de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, el sistema de revisión automática de precios según el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Andalucía quedó sin efecto, lo que ha derivado en que las tarifas de la ITV no hayan sido actualizadas desde 2015.

Tarifas actuales: diferencias por tipo de vehículo y tecnología

Actualmente, el esquema de precios de la ITV andaluza, gestionado por Veiasa, se articula en función del tipo de vehículo y su tecnología. Los turismos no catalizados pagan una tarifa de 39,34 euros, mientras que los catalizados abonan 43,52 euros. En el caso de los vehículos diésel, la tarifa asciende a 48,62 euros, y los vehículos eléctricos pagan 29,11 euros.

Desde la Consejería se admite que este sistema es «sumamente complejo» en comparación con el empleado en otras comunidades autónomas, al estar compuesto por múltiples conceptos diferenciados que deben aplicarse de forma combinada, lo que genera confusión entre los usuarios y dificultades en la gestión.

Un sistema más comprensible y adaptado al siglo XXI

La revisión del modelo responde también a la necesidad de adecuar la estructura tarifaria a la Andalucía del siglo XXI, en la que se han introducido nuevas prácticas medioambientales, como la clasificación de vehículos por su potencial contaminante, lo que no tiene reflejo en la orden vigente.

La Junta defiende que esta reforma permitirá alinear las tarifas con la normativa estatal y europea, así como facilitar su comprensión por parte de los usuarios y garantizar una prestación del servicio que mantenga el equilibrio económico-financiero sin dejar de lado los objetivos de seguridad vial y protección ambiental.