Ya es oficial: la primera normativa española que veta los vehículos con motor de combustión interna es un hecho. Este martes 12 de febrero el pleno del Parlament de Baleares ha aprobado la conocida Ley de Cambio Climático y Transición Energética – anunciada por el Gobierno hace ya unos cuantos meses, que ha dejado a su paso todo tipo de opiniones y voces alzadas – que, entre otras medidas, prohíbe el acceso de vehículos diésel a Baleares a partir de 2025.
Veto a los vehículos diésel
Con la vista puesta en tener el parque móvil completamente descarbonizado para 2050, entre las medidas que propone la Ley de Cambio Climático se encuentra la prohibición a los coches diésel a partir de 2025. Pero, además de este veto, desde 2035 entrará en vigor la misma prohibición para los demás vehículos contaminantes – coches, motos, furgones y furgonetas. Hoy por hoy, los ya existentes en Baleares antes de esa fecha podrán seguir circulando, según publica Europa Press.
Asimismo, también se verá afectado el sector de las empresas de alquiler de automóviles ya que, según la ley, deberá funcionar con una flota totalmente eléctrica para 2035. Eldiario.es recoge que el sector del ‘rent a car’ estima que le costaría unos 70 millones de euros reconvertir toda la flota, pero contará con ayudas gubernamentales.
En las medidas de movilidad, con la intención de facilitar la transición, la ley se ha propuesto entre sus objetivos disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025. Los cálculos gubernamentales apuntan a que el 35% de las emisiones de CO2 en Baleares proviene del tránsito rodado.
Se alzan voces a favor y en contra…
La aprobación de la Lay de Cambio Climático y Transición Energética por parte de las Islas Baleares ha provocado todo tipo de reacciones. En primer lugar, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, remitió una carta al Parlament, donde advertía de los “efectos negativos” de la normativa y proponía “medidas menos gravosas”. Además, expresaba su rechazo al veto de los vehículos diésel, sentenciando que la medida “parece no ajustarse a los principios de buena regulación” y que puede dañar la actividad económica de la región.
Por su parte, el sector del automóvil no está muy contento con la aprobación de este proyecto de ley y ha denunciado la normativa ante la Comisión Europea y el Ministerio de Economía.
Por su parte, la patronal de los fabricantes Anfac, que ya denunció la normativa ante Bruselas cuando todavía era un proyecto de ley, tras su aprobación, ha anunciado que ampliará la denuncia. Además, considera que la nueva ley es “arbitraria y desproporcionada”, “afecta gravemente” al normal funcionamiento del mercado interior y supone “un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”.
Por otro lado, las asociaciones ecologistas apoyan la acción del Parlament balear y aseguran que Baleares está plantando cara al cambio climático en la línea que marca Europa. La Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, Transport & Environment, resalta que el mayor uso de vehículos eléctricos reducirá la contaminación y mejorará la calidad del aire.
