El Ejecutivo ha decidido frenar el calendario previsto para la entrada en vigor de Verifactu, el sistema informático diseñado por la Agencia Tributaria para controlar y estandarizar la facturación de empresas y profesionales. Pedro Sánchez anunció este martes, en una entrevista en Rac1, que el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que amplía en un año la fecha límite para que compañías, pymes y autónomos adapten sus programas de facturación a los requisitos exigidos.
Hasta ahora, las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades debían incorporar este sistema el 1 de enero de 2026, mientras que autónomos y pequeñas compañías tenían de plazo hasta el 1 de julio del mismo año. Con la prórroga aprobada, estas obligaciones se trasladan a enero y julio de 2027, respectivamente.
Verifactu es la normativa que define cómo deben funcionar los programas que generan facturas, imponiendo estándares comunes y garantizando que los registros no puedan alterarse. El objetivo es doble: impulsar la digitalización del tejido empresarial y facilitar el control inmediato de los ingresos por parte de Hacienda. Su incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 50.000 euros.
El sistema, sin embargo, avanza con lentitud. Según un estudio elaborado por Ipsos para el Observatorio TeamSystem, apenas un 8% de pymes y autónomos habían completado la implantación de estos programas a mediados de noviembre, mientras que un 15% se encontraba en proceso.
Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, celebró en la red X que “por fin” se haya atendido una petición que llevaba semanas formulando el colectivo. Considera que el retraso supone “un alivio” ante el volumen de trámites y exigencias que afrontan los trabajadores por cuenta propia.
Sin entrar a valorar la conveniencia del sistema, es cierto que ya se pospuso una vez en abril de 2025 y han estado disponibles las subvenciones del Kit Digital para financiarlo, por lo que no podía coger por sorpresa a nadie.
En el País Vasco ya se implantó TicketBAI, y se hizo motivando su uso anticipado mediante bonificaciones en el IS y el IRPF; sería justo que el gobierno español hiciera lo mismo ahora, y recompensara a los que han cumplido con algún incentivo fiscal