«La publicación de hoy, señor Garralda -presidente de Mutua Madrileña-, tiene como objetivo denunciar la falsa libre elección de taller que ustedes anuncian en los medios de comunicación.
En su eslogan publicitario lo presentan como una gran ventaja frente a otras aseguradoras, cuando en realidad se sustenta en el incumplimiento del artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguro. Este señala que las aseguradoras no pueden obligar a usar sus talleres concertados, aunque pueden sugerirlo, y que si se elige uno fuera de su red, la compañía debe indemnizar -a veces con abono previo- y que permitir peritajes y repuestos originales, siendo nulas las cláusulas que restrinjan este derecho fundamental del consumidor.
Nos encontramos, por tanto, ante una publicidad engañosa para los clientes que deciden contratar una póliza de seguros de automóviles con Mutua.
Mi taller no es concertado de Mutua y, cada vez que uno de mis clientes -asegurado de su compañía- decide reparar su vehículo en mis instalaciones, el perito de Mutua impone en su tasación, de forma unilateral, una valoración en mano de obra de 24 euros por hora. Se trata de un precio inasumible y completamente fuera de mercado, establecido deliberadamente para disuadir al taller con el objetivo de que no acepte realizar la reparación.
Desde un punto de vista jurídico, la Ley de Contrato de Seguro obliga a la aseguradora al pago de la prestación en un plazo máximo de 40 días, sin establecer condiciones ni restricciones para que dicho abono se lleve a cabo. A mayor abundamiento, el artículo 18 de la Ley, antes citado, es claro al respecto: la compañía solo puede sustituir el pago de la indemnización por la reparación o reposición del bien siniestrado cuando el asegurado lo consienta expresamente.
Atendiendo a esta normativa, tras la tasación de los daños materiales, debería bastar con solicitar al taller -elegido por el cliente- una factura proforma y presentarla a la aseguradora para que proceda al pago del importe valorado al taller sin mayores trámites.
Sin embargo, en los casos que conozco de los clientes de su compañía, señor Garralda, ustedes se niegan a indemnizar íntegramente a aquellos asegurados que deciden reparar su vehículo en mi taller, pese a que la factura emitida se basa en los tiempos de valoración establecidos por el propio perito de Mutua.
Finalmente, su compañía acaba imponiendo su arbitrario criterio mediante todo tipo de trabas al asegurado, logrando que este no salga de su red de talleres concertados, donde Mutua ejerce una presión mucho mayor para que se acepten condiciones claramente abusivas y cuestionables desde el punto de vista legal.
Mi taller no es un caso aislado. Estas prácticas abusivas se repiten con numerosos talleres.
Señor Garralda, deje de engañar al gran público en su afán por acaparar cuota de mercado. Sobre su gestión comienzan a acumularse actuaciones de dudosa legalidad que podrían volverse en su contra si no adopta medidas correctoras de inmediato.
Estas prácticas hacia asegurados y talleres son impropias de un buen gestor, más aún cuando conoce perfectamente los resquicios legales que utiliza en su propio beneficio. En lugar de recurrir a artimañas para manipular el mercado, debería aspirar a la ejemplaridad y a una gestión responsable, algo que, una vez más, deja mucho que desear.
Cada póliza, cada plan de pensiones y cada fondo de inversión que se comercializa en Mutua queda impregnado y contagiado por los abusos cometidos contra los talleres durante décadas, y de manera especialmente significativa durante el periodo bajo su mandato.
Porque al final no hablamos solo de números ni de balances, sino de derechos vulnerados, de profesionales asfixiados y de asegurados engañados. Lo barato, señor Garralda, siempre acaba saliendo caro: hasta ahora para los talleres que resisten, para los clientes que confían y, tarde o temprano, también para quienes basan su gestión en abusos encubiertos y en una legalidad forzada hasta el límite.
La cuestión ya no es cuánto tiempo puede sostenerse este modelo, sino cuándo empezará a exigir responsabilidades el propio mercado, la ley y la sociedad a la que dice servir.
Y, por último, me pregunto qué opinarán sus actuales partners, como CaixaBank y El Corte Inglés, cuando vean su prestigiosa imagen pública empañada por el «contagio» de estas prácticas sobre sus clientes. Estoy convencido de que los principios de Buen Gobierno de estas grandes corporaciones rechazan de plano estas actuaciones y disponen de protocolos contra ellas.
Muchas gracias».
Dionisio Cerdán Moya, gerente de RIC Madrid.
