El Real Decreto de Talleres podría afrontar su actualización más profunda desde su aprobación hace casi cuatro décadas. CETRAA y CONEPA han remitido al Ministerio de Industria y Turismo una propuesta conjunta para modificar el Real Decreto 1457/1986, con el objetivo de adecuar la normativa a la evolución tecnológica, empresarial y jurídica que ha experimentado el sector de la reparación de vehículos.
El documento, elaborado de forma consensuada junto con las asociaciones territoriales de ambas organizaciones, plantea una batería de medidas destinadas a reforzar la seguridad jurídica de talleres y usuarios, simplificar la gestión administrativa y regular actividades que actualmente carecen de un encaje normativo específico.
Nuevas actividades y figuras profesionales
Entre las principales novedades propuestas figura el reconocimiento expreso de los talleres móviles, una modalidad de servicio cada vez más extendida y que, según ambas asociaciones, requiere una regulación específica. La propuesta establece que estos talleres deberán estar vinculados a un establecimiento fijo y cumplir determinadas condiciones de funcionamiento
Asimismo, ambas organizaciones solicitan ampliar el ámbito de aplicación de la norma para incluir actividades que ya forman parte de la realidad del mercado, como la camperización de vehículos, la sustitución de lunas y la reparación de bicicletas y patinetes eléctricos. El objetivo es eliminar situaciones de inseguridad jurídica tanto para las empresas reparadoras como para sus clientes.
Otra de las modificaciones relevantes es la regulación de la figura del responsable técnico, definiendo las diferentes vías para acreditar la capacitación profesional necesaria para desempeñar esta función y garantizar que las reparaciones se realizan conforme a los requisitos de seguridad vial.
Digitalización de los trámites y nuevos derechos para los talleres
La propuesta también apuesta por adaptar la normativa a la digitalización de los procesos administrativos. En este sentido, plantea que documentos como presupuestos, resguardos de depósito, autorizaciones para averías ocultas o cualquier otra documentación contractual puedan firmarse electrónicamente con plena validez jurídica, siempre que exista el correspondiente consentimiento del cliente.
En materia de derechos de los talleres, CETRAA y CONEPA solicitan que el Real Decreto reconozca expresamente el derecho de retención del vehículo hasta que el cliente abone la factura de la reparación o el importe del presupuesto cuando finalmente decida no realizar el trabajo.
Las organizaciones también plantean regular de forma más precisa el denominado derecho de admisión, definiendo supuestos como la falta de medios técnicos adecuados para una determinada intervención, la aportación por parte del cliente de piezas que no ofrezcan las debidas garantías de seguridad o la existencia de impagos o conflictos anteriores.
Garantías, piezas usadas y lucha contra el intrusismo
Otro de los aspectos abordados en la propuesta afecta al régimen de garantías. Las asociaciones consideran necesario aclarar que las reparaciones deben regirse por el propio Real Decreto de Talleres y no por la normativa aplicable a la compraventa de bienes. Asimismo, solicitan que se reconozca expresamente el derecho del taller a reclamar al fabricante o vendedor de una pieza defectuosa tanto el coste del componente como la mano de obra necesaria para su sustitución cuando haya tenido que responder frente al cliente.
Respecto a las piezas usadas, la propuesta defiende su instalación siempre que dispongan de la certificación correspondiente que garantice su idoneidad y permita mantener la trazabilidad de los componentes empleados en la reparación.
Por último, el documento incorpora la posibilidad de que la Administración adopte como medida cautelar el cierre de establecimientos que desarrollen actividades de reparación sin estar inscritos en el registro industrial correspondiente, una medida orientada a combatir el intrusismo y la competencia desleal.
CETRAA y CONEPA han trasladado al Ministerio su disposición a colaborar durante la tramitación de la reforma con el objetivo de dotar al sector de un marco regulatorio adaptado a las nuevas tecnologías, a la diversificación de las actividades de reparación y a las necesidades actuales de empresas y consumidores.
Si prosperan estas modificaciones, el Real Decreto de Talleres incorporaría por primera vez cuestiones como la digitalización de los procedimientos administrativos, la regulación de nuevos servicios de reparación y un mayor reconocimiento de los derechos y obligaciones de los talleres, configurando una normativa más alineada con la realidad actual de la posventa de automoción.


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