Un total de 18 talleres ilegales en Córdoba han sido sancionados en los primeros seis meses de 2025 tras las inspecciones realizadas por la Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía y el Seprona de la Guardia Civil. Estas actuaciones se enmarcan en una campaña contra la economía sumergida en el sector de la reparación de vehículos, que cuenta con la colaboración de la Asociación provincial de Talleres y Automoción de Córdoba (Atradeco).
Un problema crónico
La proliferación de talleres ilegales es una constante en nuestro país, que en lugares como Córdoba alcanza tintes dramáticos. Este tipo de negocios suponen un peligro para la seguridad vial, además de representar una pérdida de derechos para los usuarios y, por supuesto, una competencia desleal. Está claro, sin embargo, que siguen siendo una opción válida para multitud de supuestos profesionales, que amparándose en la falta de control por parte de las autoridades, siguen aprovechando locales, garajes o explanadas para hacer las reparaciones de cualquier manera.
En esta ocasión, entre enero y junio se han llevado a cabo 30 inspecciones en distintos puntos de la provincia. Cinco fueron realizadas por el Seprona, con dos propuestas de sanción, y las 25 restantes por la Policía Adscrita, que dieron lugar a 16 sanciones. En todos los casos, los talleres sancionados no estaban inscritos en el Registro Integrado Industrial (RII) ni tenían legalizadas sus instalaciones, dos requisitos imprescindibles para operar legalmente.
Según los datos de Atradeco, en la provincia de Córdoba hay alrededor de 800 talleres, de los cuales unos 80 —un 10%— operan de forma clandestina. La mayoría se concentran fuera de la capital, en municipios donde a menudo trabajan a puerta cerrada, sin licencia de actividad ni placa de industria visible, y sin una gestión adecuada de residuos.
Este último punto es especialmente relevante. Los talleres son considerados productores de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, y deben cumplir con la normativa de recogida y tratamiento. No hacerlo puede acarrear sanciones económicas que van desde los 2.000 hasta los 3,5 millones de euros, en función de la gravedad de la infracción. En el ámbito industrial, las multas parten de los 3.000 euros, mientras que en materia medioambiental se endurecen cuando hay residuos peligrosos o suelos contaminados.
Además de las sanciones económicas, no estar dado de alta en el RII puede suponer la suspensión temporal o definitiva de la actividad, y en algunos casos, responsabilidades civiles o penales si se produce un accidente relacionado con la falta de legalización.
Desde Atradeco insisten en la necesidad de mantener la presión sobre los talleres ilegales y seguir colaborando con las autoridades para garantizar la competencia leal, la seguridad medioambiental y la calidad del servicio en el sector.
Menos bla bla bla y más actuar