La Audiencia Provincial de Segovia ha dictado una sentencia que condena a cinco años y medio de prisión al propietario del taller de motos Pezcauto, J. L. P., y a cuatro años de cárcel a una exempleada de Caja Rural, C. L. B., por su participación en una estafa que alcanzó los 1,1 millones de euros. Entre 2019 y 2021, ambos formalizaron 63 préstamos fraudulentos al consumo, utilizando la identidad de clientes, familiares y amigos para sustraer los fondos de la entidad bancaria.
El tribunal también ha ordenado que ambos indemnicen conjuntamente a Caja Rural con 892.400,39 euros, mientras que las multas impuestas ascienden a cerca de 12.000 euros. La sentencia establece que J. L. P., quien atravesaba graves problemas económicos, utilizó su taller de motos como tapadera para justificar las solicitudes de crédito. Con la ayuda de la empleada bancaria, los préstamos se aprobaban a cambio de pagos que rondaban los 1.000 euros por operación. De los 1.136.680 euros sustraídos, solo se devolvieron 244.280,61 euros.
Complicidad y uso indebido de datos personales
El modus operandi de los acusados consistía en presentar documentos falsificados para superar los controles iniciales del banco. C. L. B., como responsable de financiación al consumo, otorgaba su aprobación a los créditos fraudulentos, incumpliendo las normativas internas de verificación de la entidad. Según las investigaciones, los préstamos se ingresaban directamente en la cuenta del taller de J. L. P.
Durante el juicio, ambos acusados ofrecieron versiones contradictorias y poco creíbles. J. L. P. reconoció parte de los hechos, pero intentó minimizar su responsabilidad, alegando que solo participó en 15 de los 63 préstamos. Por su parte, C. L. B. justificó su implicación mencionando supuestas compras en el taller que luego devolvió, lo que el tribunal consideró insostenible. Mensajes de WhatsApp entre ambos, presentados como prueba, revelaron el intercambio de dinero y terminaron de incriminar a la exempleada.
La trama fue descubierta cuando un abogado, en representación de ocho afectados, alertó a Caja Rural tras detectar deudas no reconocidas por sus clientes. La posterior investigación interna reveló graves irregularidades en los procedimientos de concesión de préstamos, que incluyeron la aprobación sin contratos ni firmas válidas. Según testimonios, C. L. B. habría utilizado parte del dinero para adquirir bienes personales, como teléfonos móviles y videoconsolas.
La respuesta del banco y las consecuencias legales
Caja Rural respondió cancelando todos los préstamos fraudulentos y asumiendo los perjuicios ocasionados a los afectados, además de ejercer la acusación particular en el proceso judicial. Aunque C. L. B. fue absuelta del delito continuado de falsedad en documento mercantil, J. L. P. sí fue condenado por este cargo, beneficiándose de la atenuante analógica de confesión.
Soy una victima de José Luis de Pablos. Me estafó 7.400 € por la compra de un quad y nunca me entregó el quad ni el dinero.
Soy víctima de Mundo Motos Segovia. Me estafaron 12.500 € por la compra de un quad que nunca puso en circulación. En vez de venderme el quad se compró un Audi Q7. Han pasado dos años y sigo esperando a juicio. Estoy bajo tratamiento psicológico.