La Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción (CONEPA) ha mantenido una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con el objetivo de trasladar diversas propuestas de mejora en la regulación que afecta a los talleres de reparación de vehículos.
Uno de los temas centrales del encuentro ha sido la posibilidad de utilizar medios electrónicos para cumplir con las obligaciones documentales del taller, en particular en la elaboración de presupuestos y en la emisión del resguardo de depósito del vehículo. CONEPA ha solicitado que la normativa sectorial contemple expresamente la validez del correo electrónico y aplicaciones de mensajería como WhatsApp para este fin. La federación considera que esta medida mejoraría la seguridad jurídica de los talleres y facilitaría la comunicación con los clientes.
Garantías en la reparación: una responsabilidad compartida
Otro de los puntos abordados ha sido la aplicación de la normativa sobre garantías en la reparación de vehículos. CONEPA recordó el dictamen del Instituto Nacional de Consumo (INC) emitido tras la entrada en vigor de la derogada «Ley de Garantías» y expuso la necesidad de que los proveedores de recambios asuman la misma obligación de garantía que los talleres cuando suministran piezas, ya sean nuevas o usadas. La federación subrayó que los talleres deben poder trasladar a sus clientes una garantía justa y respaldada por sus proveedores.
Gestión de residuos: un coste que debe repercutirse
Otra de las peticiones presentadas al Ministerio de Consumo ha sido la de permitir a los talleres repercutir en la factura los costes derivados de la gestión de residuos. Esta actividad forma parte de la operativa diaria de los talleres y supone un gasto importante, por lo que CONEPA ha solicitado que la normativa permita trasladar estos costes al cliente de forma transparente.
Sostenibilidad: aclaraciones y peticiones al Ministerio
En materia de sostenibilidad, la federación planteó dos cuestiones a los representantes de Consumo. Por un lado, solicitó que la Administración Central aclare si es legítimo que los proveedores de servicios exijan certificados de sostenibilidad a los talleres como requisito imprescindible para poder trabajar con ellos. Por otro lado, pidió que se reconozca la posibilidad de cobrar y repercutir en factura los gastos derivados de la gestión sostenible de la empresa, ya que estos pueden representar un coste significativo para los negocios del sector.
