La batalla contra los talleres ilegales da un nuevo paso en Galicia. Atreve, la asociación de talleres de La Coruña, trabaja en una estrategia jurídica que contempla recurrir a detectives privados para investigar negocios sospechosos de ejercer la reparación de vehículos sin las autorizaciones ni las obligaciones fiscales correspondientes.
El objetivo sería obtener pruebas que permitan reforzar las denuncias y facilitar el cierre de estos establecimientos. Y es que «cada vez hay más», asegura Alberto Casteleiro, gerente de Atreve, asegurando que la asociación puede detectar dos o tres casos nuevos cada mes.
Reparaciones a mitad de precio
El principal argumento de estos negocios para atraer clientes es el precio. Al trabajar al margen de buena parte de las obligaciones que soporta un taller legal, pueden ofrecer servicios considerablemente más baratos. Operaciones como un cambio de aceite pueden cobrarse por 90 euros frente a los 140 euros de un establecimiento legal, tal y como señalan desde la asociación.
Los talleres clandestinos, además, operan sin asumir las mismas obligaciones fiscales, laborales, medioambientales o administrativas que los establecimientos legalizados, lo que genera una competencia desigual: «Es una ilegalidad manifiesta, ganan dinero que no declaran», sostiene Casteleiro. Además, la reparación de un vehículo tiene una implicación directa sobre la seguridad vial y las reparaciones en estos establecimientos suponen un riesgo en la vía para todos.
La paradoja de un sector que no da abasto
La proliferación de talleres ilegales se produce, además, en un momento en el que el sector, que en Galicia está compuesto por alrededor de 3.500 talleres y genera unos 15.000 empleos directos tiene serias dificultades para absorber toda la demanda.
El parque automovilístico gallego supera los 1,6 millones de turismos y las 142.000 furgonetas, mientras que la edad media de los vehículos se aproxima a los 16 años. Un parque envejecido implica mayores necesidades de mantenimiento y reparación, especialmente en un contexto en el que el precio de los vehículos nuevos lleva a muchos conductores a prolongar la vida útil de sus coches.
El resultado son talleres con agendas cada vez más saturadas. Según Atreve, las esperas pueden alcanzar uno o dos meses para operaciones de mecánica, mientras que en chapa y pintura pueden llegar incluso a cinco o seis meses.
Esta falta de capacidad se convierte en terreno abonado para los negocios clandestinos: cuando un conductor necesita reparar su vehículo y no encuentra una cita disponible a corto plazo, una alternativa más barata y con disponibilidad inmediata puede resultar especialmente atractiva.
