El Consell de Menorca ha dado por fin el paso requerido por los talleres en la gestión de la crisis de la ITV de Menorca, al activar multas coercitivas contra Certio, la empresa encargada del servicio de Inspección Técnica de Vehículos. La medida llega tras constatar incumplimientos “graves y reiterados” en la prestación de un servicio considerado esencial.
La decisión coincide con el vencimiento del ultimátum concedido a la concesionaria para normalizar la situación. Sin embargo, los informes técnicos del propio Consell evidencian que las deficiencias persisten, con un servicio tensionado y con citas que acumulan retrasos de entre dos y tres meses.
Un escenario que no solo afecta a los usuarios particulares, sino que impacta directamente en la operativa de los talleres de reparación, tal y como ya recogió El Periódico del Taller en su información sobre las reivindicaciones del sector en la isla.
Multas diarias de hasta 3.000 euros
El departamento de Movilidad del Consell ha activado el régimen de multas coercitivas previsto en la normativa vigente. Estas sanciones pueden alcanzar los 3.000 euros diarios, sin descartar la adopción de medidas adicionales si no se corrige la situación.
Según ha señalado el conseller insular de Movilidad, Juan Manuel Delgado, la administración ha requerido en reiteradas ocasiones a Certio la corrección de las deficiencias detectadas, sin obtener una respuesta satisfactoria.
Este endurecimiento de la postura institucional refleja la gravedad de la crisis de la ITV de Menorca, que se ha cronificado en los últimos meses y que pone en cuestión el cumplimiento de los estándares recogidos en el contrato de concesión.
El impacto en los talleres de la isla
La situación ya había sido denunciada por los profesionales de la reparación. Tal y como publicamos el pasado mes de diciembre, los talleres de Menorca alertaban de que los retrasos en la ITV estaban generando un efecto dominó en su actividad diaria. La situación no era nueva en absoluto, ya que a principios de 2023 el sector ya advertía de que la situación era insostenible. La inoperancia del Consell de Menorca motivó a la Asociación de Talleres de Menorca a advertir con la convocatoria de movilizaciones si no se ponía fin a esta situación.
Los plazos de espera impiden cerrar reparaciones, retrasan entregas de vehículos y dificultan la planificación del trabajo en los talleres. Además, en algunos casos, los vehículos permanecen inmovilizados a la espera de inspección, con el consiguiente impacto económico tanto para el cliente como para el propio taller.
Este contexto añade presión a un sector que ya opera con márgenes ajustados y que depende, en gran medida, de la agilidad de servicios externos como la ITV para garantizar la rotación de vehículos.
Un problema estructural con implicaciones en seguridad
Más allá del impacto económico, la crisis de la ITV de Menorca también plantea implicaciones en materia de seguridad vial. El retraso en las inspecciones puede provocar que vehículos circulen sin haber pasado los controles obligatorios, incrementando el riesgo en carretera.
El Consell ha subrayado que actúa en el ejercicio de sus competencias de control e inspección, con el objetivo de garantizar un servicio adecuado a los ciudadanos. No obstante, la evolución de las medidas dependerá de la capacidad de la concesionaria para revertir la situación en el corto plazo.
En este sentido, no se descarta que, si las sanciones económicas no surten efecto, puedan adoptarse decisiones adicionales en el marco del contrato de concesión.
Un conflicto que sigue abierto
La combinación de sanciones institucionales y presión del sector evidencia que la crisis de la ITV de Menorca ha alcanzado un punto crítico. El desenlace dependerá ahora de la respuesta de Certio y de la efectividad de las medidas adoptadas por la administración insular.
Mientras tanto, talleres y usuarios continúan afrontando las consecuencias de un servicio que, lejos de estabilizarse, sigue generando tensiones en toda la cadena de valor de la posventa.
