Desde que el Gobierno anunciara la conocida -y polémica- Ley de Cambio Climático y Transición Energética, las Islas Baleares ha sido una de las comunidades autónomas que ha planteado medidas más drásticas respecto a avanzar hacia una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Bajo este escenario, según el BOE (Boletín Oficial del Estado), el Ejecutivo de Sánchez ha decidido estudiar, en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación con Baleares, la constitucionalidad o no de la Ley de Cambio Climático de la comunidad autónoma, aprobada el pasado 12 de febrero que, entre otros puntos, engloba el veto a los vehículos propulsados por diésel en la región a partir del año 2025.
De este modo, la Administración Central negociará con el gobierno balear los distintos puntos de desacuerdo con el propósito de solventar las discrepancias con determinados artículos y disposiciones de la norma. La prohibición del acceso a los vehículos diésel a la isla desde 2025 y el veto al resto de automóviles contaminantes a partir de 2035 son los puntos que están provocando una mayor disconformidad con el Gobierno de España.
De momento, según informa Faconauto, la Comisión tiene un plazo de nueve meses desde su creación para llegar a una conclusión. No obstante, en caso de que no se llegara a un acuerdo sobre si es legal o no la Ley de Cambio Climático de Baleares, se pasaría a la vía judicial y a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
