Sin embargo, es justo decir que esta ampliación también está suponiendo algún que otro sobresalto para los vendedores. La razón es que este PIVE 6.5 no ha tenido por parte de Hacienda un presupuesto específico, sino que está tirando de los 175 millones de euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para poner en marcha el PIVE 7.
¿Qué ocurre? Que son los concesionarios los que vienen adelantando los mil euros por vehículo de ayuda que le corresponde aportar al Estado, sin tener fecha concreta de cobro, ya que de momento, no existe una disposición legal que habilite esa partida presupuestaria.
En definitiva, que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente de Industria y organismo gestor de las ayudas, no tiene todavía “dinero en la hucha” como para poder devolver al vendedor los 1.000 o 1.500 euros por coche -en caso de modelos para familias numerosas o personas con movilidad reducida- que le corresponde poner a la Administración.
De esta forma, los concesionarios, que empiezan a levantar cabeza después de años en números rojos, se ven ahora en la obligación de financiar parte del plan de ayudas hasta que se publiquen sus bases reguladoras, algo que a todas luces no sucederá antes de un par de meses.
Esta situación supone, sin duda, un lastre para la tesorería de los concesionarios y podría poner en riesgo su rentabilidad, que en el último año han encontrado en las ventas una tabla de salvación precisamente por el impacto positivo del PIVE sobre las matriculaciones, que encadenan 16 meses de crecimiento continuado y que permitieron cerrar el pasado año con un crecimiento del 18,4%.
Confiamos en que el “desbloqueo”, por llamarlo de alguna forma, de esta partida presupuestaria no se haga esperar para no asfixiar injustamente a los concesionarios y también para no reducir más dotación al PIVE 7, que a cuenta de la prórroga del programa anterior lleva ya consumidos más de 85 millones de euros y, al ritmo actual, podría agotarse allá por marzo.
