Uno de cada cinco establecimientos inspeccionados son talleres ilegales. Es algo conocido que estos pseudoprofesionales son una de las lacras del sector por la competencia desleal que suponen a los demás negocios que tienen todas las licencias y permisos en regla, la economía sumergida a la que contribuyen y el peligro que sus reparaciones conllevan para los usuarios. Luis Mascaró, miembro de la Comisión de Ilegales de Cetraa y secretario general de Atayapa (Cetraa en Alicante), explicaba en un reportaje para La Vanguardia cómo detectar uno…
Afirmaba Mascaró que nada más llegar al establecimiento se puede detectar si se trata de un taller ilegal. Basta con fijarse en las placas y carteles: «El más importante es una placa identificativa que indica que está registrado en la administración competente en Industria y tiene que figurar en la fachada del taller”. Asimismo, la ley también obliga a exponer carteles que informen sobre los precios de la mano de obra, explicaba el letrado.
Al taller ilegal… por el ahorro
Muchos usuarios deciden sacrificar su seguridad y acudir a estos negocios clandestinos «pensando en el ahorro», ya que sus precios están por debajo del mercado: utilizan recambios de dudosa procedencia: «No hay trazabilidad de las piezas en los talleres ilegales. No sabemos si utilizan piezas usadas o del desguace más allá de las legalmente permitidas, es decir, aquellas que afectan a los sistemas de dirección, suspensión o frenado”, advierte el jurista; y no emiten facturas ni cobran el IVA.
Pero no es este el caso de todos los usuarios. Mascaró afirma que para los conductores no es siempre fácil identificar un taller ilegal, ya que “hay muchos grados de clandestinidad”.
Vulneración de derechos
Los talleres clandestinos, además de ser un peligro para los usuarios, también vulneran sus derechos. “En cuanto entramos con nuestro vehículo a un taller, tenemos derecho a que nos den un resguardo conforme queda depositado, podremos pedir un presupuesto detallado de los costes antes de la reparación y una garantía de dicho trabajo en el plazo y la forma que establece la ley», destaca Mascaró, al contrario de lo que ocurre en un taller clandestino.
Mascaró afirmaba que en caso de que estos pseudoprofesionales vulneren los derechos de los clientes, “puede denunciarse de forma anónima en los canales de denuncia de las asociaciones”, como el de Cetraa, que tiene convenios con el Seprona y algunas policías autonómicas para su tramitación.
Nula gestión de residuos
Más allá de los peligros que suponen para los usuarios, Mascaró destacaba los riesgos que los talleres ilegales suponen también para el medioambiente. “En este tipo de establecimientos, es probable que los aceites usados y otros líquidos contaminantes se viertan en el medioambiente”, cuando los residuos que se generan en una reparación deben gestionarse adecuadamente por una entidad autorizada, algo por lo que los talleres legales también pagan.
Además, la actividad de este tipo de establecimientos puede derivar en distintos tipos delictivos: estafas, delitos contra la seguridad laboral, fraude fiscal o a la Seguridad Social o contra la seguridad vial. “Incluso hemos detectado robos de vehículos y tráfico de drogas en establecimientos de este tipo”, asegura Mascaró, algo que las víctimas pueden denunciar en el juzgado, la fiscalía o la policía.
