Faconauto, patronal de concesionarios, respalda la denuncia presentada por Anfac, patronal de los fabricantes, ante la Comisión Europea y el Consejo para la Unidad de Mercado del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares, que prohíbe la circulación de los vehículos diésel por las islas a partir de 2025 y al resto de los automóviles de combustión a partir de 2035.
Así, la patronal de concesionarios se muestra preocupada porque, si se aprueba esta medida, se pondrá en serio peligro al sector de la distribución y reparación de vehículos en las islas, ya que los usuarios dejarán de comprar los modelos de combustión, que hoy en día son el 99% de las matriculaciones. Sin mencionar que, según Faconauto, los concesionarios de Baleares dan empleo a 5.000 personas de forma directa y a otras 20.000 de forma indirecta.
Asimismo, la patronal advierte de que la futura medida es irresponsable en los plazos ya que considera que no responde a las necesidades de los conductores ni a la realidad del mercado, donde los nuevos automóviles diésel y gasolina continuarán siendo durante los próximo años una opción muy válida, debido a su consumo eficiente de combustible y a que los fabricantes están tomando acciones concluyentes para reducir al mínimo posible su impacto sobre el medio ambiente.
Es necesaria una incentivación…
Faconauto hace hincapié en que la manera más eficaz de garantizar a corto y medio plazo una movilidad sostenible en las Islas Baleares es favorecer la retirada de la circulación los vehículos con más de 10 años, más contaminantes e inseguros. Aseguran que la edad media del parque automovilístico balear se encuentra en 12,7 años, por encima de la media nacional, que fue de 12,1 años.
Además, la patronal advierte de que la implantación masiva de los automóviles eléctricos recogida en el anteproyecto balear será imposible si el Gobierno autonómico no incentiva su compra a través de un plan continuado en el tiempo, bien dotado presupuestariamente y que facilite la extensión también de los puntos de recarga.
Por último, legalmente hablando, el proyecto de Ley balear invadiría competencias estatales y de la Unión Europea, concretamente, la normativa de homologación de vehículos de la UE (el marcado ‘CE’). La marca CE es como un ‘pasaporte’ para el comercio de un producto dentro de los países de la UE. Así, una vez homologado el producto, ni siquiera los Estados miembros pueden prohibir, restringir o impedir la colocación en el mercado o puesta en servicio de un producto con marcado CE, lo que iría también contra irrenunciable como es la unidad de mercado.
