El impuesto al diésel, que el Ejecutivo de Sánchez planeaba poner en marcha como parte de su política de fiscalidad verde, se ha paralizado con el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.
Como anunció el Gobierno, esta medida – que consistiría en suprimir la bonificación de la que disfrutan los propietarios de vehículos propulsados por gasóleo – supondría el aumento del precio del diésel de 3,8 céntimos por litro sólo para los consumidores particulares, ya que los profesionales quedarían exentos de esta subida. Así, según informa El Economista, el incremento de la recaudación prevista por el Ministerio de Hacienda rondaba los 700 millones de euros en un año entero.
No obstante, aunque con el rechazo de los PGE la aprobación del impuesto al diésel se ha paralizado, no se ha cerrado del todo. Existe la posibilidad de que el Gobierno presente la medida en un Real Decreto Ley o incluso, como asegura El Español, incluyéndolo dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que tanto revuelo está generando, especialmente ahora que en Baleares ha sido aprobada.
¿Fin al plan de ayudas para impulsar la movilidad sostenible?
Otra de las consecuencias que afectan al sector del automóvil con el rechazo de los PGE ha sido el punto y final que se ha dado al plan de ayudas dotado con 67 millones de euros destinados a impulsar la movilidad eficiente y sostenible.
La partida económica significaba 400.000 euros más respecto a los 66,6 millones que recogían los Presupuestos Generales del Estado del año pasado, actualmente prorrogados, como ya se hizo eco La Comunidad del Taller en enero. Concretamente, recogen 50 millones de euros para promover la compra de vehículos alternativos y 16,6 millones con el fin de incentivar las infraestructuras de recarga para automóviles eléctricos, como parte del Plan VEA.
Sin embargo, según el medio digital, los fondos del año pasado no han sido activados aún. Así, a pesar de que la partida no se llegó a emplear en el año anterior, una vez que está claro que para 2019 se utilizarán los PGE de 2018, el Ejecutivo de Sánchez tiene el paraguas legal para poder sacar un plan por valor de esos 66,6 millones de euros.
