El objetivo es verificar que cumplen con la legislación vigente y que ofrecen a sus clientes toda la información obligatoria (tarifas, horarios, tablas de tiempos…). Como novedad, tal y como recoge una información publicada en laopiniondemurcia.es, controlarán que los talleres utilizan piezas de segunda mano o recicladas sólo cuando tengan la autorización previa del cliente.
Durante todo el verano, las autoridades de la región llevarán a cabo estas inspecciones en los talleres. Preocupa que, como ya ha sucedido en otras ocasiones con campañas similares, centren su atención en la investigación a fondo de los talleres legales (que son al fin y al cabo los que están perfectamente identificados), dejando en un segundo plano a los clandestinos.
Las sanciones a las que se enfrentan los empresarios por infracciones leves (ausencia de hojas de reclamación o no anunciar los precios, por ejemplo) van desde una amonestación por escrito a una multa de entre 200 y 5.000 euros. Asimismo, las infracciones graves (aquellas con intención de engañar) conllevan una sanción de entre 5.001 a 30.000 euros.
