Las declaraciones del Gobierno con respecto a los vehículos de combustión (diésel, gasolina e híbridos) que realizó el pasado 13 de noviembre han dejado secuelas. El hecho de que quieran prohibir la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono ha provocado la respuesta de representantes del sector de la automoción, entre ellos, Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).
La asociación ha querido, en nombre de la industria española automovilística, rechazar públicamente el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece un plan para la descarbonización del transporte en 2050 que, en su opinión, es “excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos”. Además, esta descarbonización supone renovar el parque automovilístico en su conjunto en ese plazo, con la falta, de nuevo, de un plan de achatarramiento radical.
Ni matriculación ni venta de (todos) los vehículos de combustión
Según esta Ley, a partir de 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España tanto de turismos como vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de CO2, lo que supone la prohibición directa de comercialización de vehículos de combustión –que incluyen tanto a los diésel y gasolina como a los híbridos y a los GNC (Gas Natural Comprimido) y GLP en todas sus tipologías-. Por lo tanto, según Anfac, esta situación significaría “ir en contra del principio de neutralidad tecnológica defendido al máximo para la Unión Europea”.
Asimismo, en el momento en que se apruebe esta Ley, se prohibirá cualquier subvención que beneficie el consumo de combustibles fósiles, por lo que sólo se podrán subvencionar los automóviles eléctricos puros, lo que a su vez, desactiva los actuales planes de apoyo al vehículo alternativo y, además, discrimina a una tecnología limpia y eficiente frente a otras, cuya función debe ser servir de puente para lograr la movilidad cero y bajas emisiones, según la asociación.
Además, la asociación hace hincapié en que, aunque “la industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico”, éste no es el modo de llevar a cabo una transición hacía “una movilidad cero y bajas emisiones”. Considera que ésta debe ser “ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico”, según explica Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac.
“El Gobierno no ha contado con la opinión de las asociaciones del sector ni de los sindicatos” a la hora de redactar este proyecto de Ley cuando, aseguran, el clima entre ministerios y asociaciones era “de total interlocución y colaboración”. Prueba de ello son las negociaciones para la constitución del Consejo Estratégico de la Automoción, con el objetivo de generar un Acuerdo marco para el sector y la industria.
Para las próximas fechas, la asociación ha convocado a su Comisión de Estrategia con el objetivo de revisar el posible impacto que este marco puede tener en la industria española de la automoción.
Consecuencias en diversos los ámbitos
No obstante, las consecuencias de la aprobación de esta Ley no sólo se quedan ahí. Según Anfac, este proyecto puede tener una serie de implicaciones tanto económicas, sociales como laborales y de políticas de movilidad, lo que podría afectar severamente al tejido industrial español de la automoción –que representa el 10% del PIB español y el 9% de la población activa del país-. En opinión de la asociación de fabricantes automóviles, esto supone “encarar una reconversión industrial completa y acelerada de las fábricas españolas en su conjunto, lo que necesita de unas importantes medidas de acompañamiento, con inversiones industriales y en tecnología, que eviten que las plantas pierdan competitividad y empleo, medidas que ahora mismo se desconocen”.
A este respecto, Anfac apoya el desarrollo de los vehículos cero y bajas emisiones. Sin embargo, como expresa su vicepresidente ejecutivo, “sin un plan de medidas de acompañamiento, que realmente apuesten por una transición industrial en las fábricas españolas y que impulsen la venta de estos vehículos de manera masiva, no es viable el cumplimiento de estos objetivos”.
Con respecto al impacto social que tendría la aprobación de esta Ley, según la asociación, estudios han cuantificado que para cumplir con una cuota de mercado del 25% de vehículos eléctricos, “el empleo se podría reducir en un 11% y para alcanzar una cuota de mercado de los vehículos eléctricos del 40%, el impacto sobre el empleo sería del 18%. Este porcentaje toma en consideración los nuevos empleos generados en torno a la electrificación y la tecnología de baterías, pero no incluye el impacto sobre el empleo indirecto. Se estima que por cada puesto de trabajo directo en las fábricas de vehículos se crean cuatro en las fábricas de componentes y entre siete y ocho en el sector servicios”, explican desde la asociación.
Anfac estimó que el primer impacto a corto plazo será precisamente sobre el mercado y la demanda de vehículos de combustión. “Estos anuncios retraen de manera sustancial la compra de automóviles, como ya está pasando en el caso de los motores diésel”, explicó Armero. La cuota de mercado de los coches propulsados por este combustible está en mínimos, apenas un 33% en octubre, una participación de mercado no registrada desde 1995. Este efecto puede contagiarse sobre el conjunto de los vehículos de combustión, paralizando el mercado.
Objetivo más severo que el de la UE
Por otro lado, la asociación hace una comparación de estas medidas con las establecidas en Reino Unido y Francia, que prohíben la venta en fechas parecidas de los vehículos de combustión. Con la diferencia de que el país británico ha aprobado un plan estructural de apoyo a la compra de vehículos alternativos y de gestión de infraestructuras de recarga de 1.500 millones de libras. O que Alemania aprobó a finales del año pasado un plan dotado con 1.000 millones de euros. Mientras que nuestro país sólo ha dedicado 74,5 millones de euros a estos planes en cinco años y en el último año, no ha aprobado ningún programa de ayudas.
La asociación resalta que este objetivo de descarbonización está “muy por encima” de las exigencias medioambientales de la Unión Europea, que negocian una reducción de entre el 30% y el 40% de emisiones de CO2 para el horizonte 2030. A ojos de Anfac, no tiene sentido establecer unas medidas más severas a un país como España cuando los objetivos europeos ya son lo suficientemente ambiciosos de cara a la movilidad cero y bajas emisiones.
