El Consejo de la Unión Europea dio luz verde la semana pasada a la normativa Euro 7 para la reducción de emisiones en el automóvil, cuya entrada en vigor definitiva será el año 2027 para turismos y furgonetas, y 2029 para camiones, autobuses y remolques.
Esta aprobación de los ministros europeos era el último paso para hacer realidad una norma que ha estado llena de controversia, hasta el punto de haberse tenido que demorar por las desavenencias entre los gobiernos de los Veinsiete. En el centro de la polémica, las presiones por parte de la industria del automóvil, que consideraba excesivamente costoso el desarrollo necesario para que los vehículos cumplieran con los nuevos niveles en materia de contaminación, sobre todo en los plazos que requería Bruselas, que en su momento había puesto el año 2025 como fecha límite para la aplicación de una Euro 7 muy restrictiva.
De haberse llevado a cabo, la fabricación de vehículos en países como España, octavo productor mundial con 544.171 unidades, habría podido verse gravemente perjudicada. Las tecnologías que habrían hecho falta para cumplir con la nueva norma habrían encarecido sensiblemente el precio de los vehículos. Y si bien este incremento se habría podido asumir en el caso de los coches de mayor tamaño, prestaciones y precio, en los más pequeños y populares, mayoría en las plantas nacionales, trasladarlo al precio de tarifa habría podido repercutir de forma muy negativa en sus ventas.
Menor exigencia para los turismos
Finalmente, en diciembre de 2023 se llegó a un acuerdo por el que se rebajaban las exigencias sobre las emisiones de los motores y las condiciones de homologación, que se quedan en los límites de la Euro 6 en vigor actualmente para los turismos, es decir, 80 mg/km de NOx para los vehículos con motor diésel y 60 en los gasolina. Ahora bien, los coches Euro 7 deberán los vehículos deberán contar con un monitoreo digital de sus emisiones. Además de quedar registrarlas y prevenir fallos, este sistema permitirá controlar que cada unidad cumple con los requisitos de emisiones al menos hasta los 200.000 km o 10 años de uso, cuando con la Euro 6 el límite está en los 100.000 km y 5 años.
La moratoria no es tan benévola con los vehículos pesados, que deberán superar límites más estrictos para diversos contaminantes, que tendrán que bajar como en un 60 % de media, incluidos algunos que hasta ahora no habían sido regulados, como el óxido nitroso.
También habrá unos límites inéditos a nivel mundial respecto a las emisiones de partículas de las ruedas y de los frenos (PM10) para turismos y furgonetas, que serán de 3 mg/km para los vehículos eléctricos, 7 mg/km para los que tengan motor de combustión interna o sean de pila de combustible, y 11 mg/km para las furgonetas de combustión grandes.
Otra de las novedades que también se mantienen en la Euro 7 tiene ver con la duración del rendimiento de las baterías de los vehículos eléctricos, que Bruselas quiere asegurar que mantengan una capacidad del 80 % pasados cinco años o 100.000 kilómetros y el 72 % hasta los ocho años o 160.000 kilómetros en el caso de los turismos. A las furgonetas se les requerirá mantener el 75 % desde el inicio de su vida útil hasta cinco años o 100.000 km y el 67 % hasta ocho años o 160.000 km.
En el caso de los camiones y autobuses sí se fijan importantes reducciones en sus emisiones contaminantes, que se tendrán que bajar como media en un 60%.
La propuesta del Parlamento y los países también introduce el llamado ‘pasaporte medioambiental’ para vehículos, en el que se mostrará la eficiencia del modelo en el momento de su matriculación y a lo largo de su vida útil, por ejemplo, sobre emisiones de CO2, consumo de combustible o autonomía eléctrica.
