
Según informan desde CAPA, una vez interpuesta la denuncia, hace casi tres años, se inició una investigación por parte del Grupo XXIII-UDYCO, de la BBPJ de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, así como las posteriores diligencias previas seguidas ante el Juzgado de Instrucción nº 26, de Madrid, que apreció indicios de criminalidad en la conducta denunciada dando traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, CAPA, para formular escrito de acusación o pedir el sobreseimiento del procedimiento.
Al considerar los hechos delictivos, tanto el Ministerio Fiscal como CAPA formalizaron acusación en sus escritos de conclusiones provisionales. De hecho, el Ministerio además de solicitar tres años de prisión, pide el pago de una multa y de la responsabilidad civil.



