Lo decía Fernando López, director de la consultora Gipa en España, en una entrevista exclusiva publicada en el periódico de La Comunidad del Taller (pincha aquí para leerla completa): “Los desguaces han tenido un problema porque no ha habido mortandad de vehículos. De hecho este año seguimos teniendo una bajada grande de achatarramiento de vehículos”.
Los coches que se achatarran constituyen la materia prima con la que trabajan los desguaces. Y existen dos problemas: por un lado que no se achatarra lo suficiente para que estos centros cuenten con suficientes componentes; y por otro que se alarga tanto la vida de los vehículos que, una vez llegan al desguace, su posible aprovechamiento es muy bajo.
Justo de esta circunstancia es de la que ‘alerta’ Aclcard, la patronal de los desguaces de Castilla y León. En una información recogida en El Diario de Burgos, hace alusión a una situación que pone en grave riesgo la viabilidad de los desguaces. Solo durante el año pasado, el número de vehículos recepcionados por los desguaces castellanoleoneses se ha reducido en 300 unidades.
La solución que están encontrando algunos desguaces, tal y como decía Fernando López (Gipa) en aquella entrevista, “es suplir (este déficit de pizas de segunda mano) con la venta de recambio nuevo. Y no de marcas premium, pero el usuario que acude al desguace tampoco es esa oferta la que busca”. Un giro “circunstancial”, decía López, “pero habiendo empezado a vender este tipo de recambio no creo que ahora lo vayan a rechazar”.
Más problemas
En la información recogida en el citado medio se hablaba de otros problemas a los que la patronal provincial hacía referencia. Otro de los más importantes es la venta de documentación de los vehículos con fines ilícitos: “Las mafias internacionales, ya sea directamente o a través de terceros, las adquieren a través de la compra de automóviles que deberían haber acabado en los desguaces. Pagan entre diez y doce mil euros y estos se llevan a otros países. El desguace, por tanto, no logra recibir vehículos de menos de tres o cuatro años”, decían en el diario digital.
Por eso, decía la patronal, “se está trabajando para crear un registro público donde el comprador de un coche usado pueda saber si este proviene de algún accidente, quién lo ha reparado y de qué manera”. Asegurando la trazabilidad de las piezas, explicaba el presidente de la patronal, podemos “librarnos de los talleres ilegales y beneficia a toda la sociedad, porque se pagan impuestos que revierten en todos”.
