La proliferación de talleres ilegales en la provincia de Salamanca ha llevado a la Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres (Aesat), integrada en CEOE Cepyme Salamanca, a intensificar su interlocución con las administraciones. Representantes de su Junta Directiva mantuvieron recientemente una reunión de trabajo con la subdelegada del Gobierno, Rosa López, para coordinar actuaciones y frenar una actividad que consideran cada vez más preocupante.
Durante el encuentro, la asociación puso sobre la mesa el aumento de este tipo de prácticas tanto en la capital como en polígonos industriales y zonas rurales. Para Aesat, el problema va mucho más allá del perjuicio económico al sector: su presidente, Alberto Moreno de Vega, alertó de que se trata de una cuestión que afecta directamente a la seguridad vial y al interés general, ya que estos establecimientos operan sin ningún tipo de supervisión ni control oficial, y que sus consecuencias van más allá de las económicas: «Son un problema para la seguridad pública».
Desde la asociación se detallaron las principales irregularidades detectadas en estos talleres fuera de la ley: una gestión inexistente o deficiente de residuos peligrosos, con vertidos incontrolados de aceites y líquidos contaminantes; el uso de recambios sin garantía ni trazabilidad, en ocasiones procedentes de desguaces no autorizados; y reparaciones realizadas sin equipos homologados ni revisiones obligatorias. Todo ello, subrayaron, incrementa de forma notable el riesgo para los conductores.
Moreno de Vega incidió en que una intervención sin garantías puede tener consecuencias graves, como fallos en sistemas de frenado, problemas en la instalación de neumáticos o averías eléctricas no verificadas, situaciones que pueden desembocar en accidentes de especial gravedad; así como Aesat destacó el impacto negativo que esta competencia desleal provoca en los talleres legales de la provincia, que sí asumen los costes de cumplir con la normativa: inversiones en instalaciones, personal cualificado, seguros obligatorios y una correcta gestión medioambiental.
La asociación también quiso advertir a los usuarios, ya que aunque muchos acuden a estos talleres clandestinos atraídos por precios más bajos, las reparaciones carecen de respaldo legal: no hay facturas ni garantías, se pierden derechos ante posibles reclamaciones, puede verse comprometida la garantía del fabricante y, en muchos casos, el vehículo ni siquiera supera la ITV tras una intervención incorrecta.
Como parte de su estrategia, Aesat recordó que dispone de un canal confidencial para comunicar prácticas fraudulentas, medioambientales o de intrusismo profesional, con total garantía de anonimato para quienes faciliten información y reafirmó su compromiso con un sector del automóvil basado en la legalidad, la seguridad y la calidad del servicio. Además, agradeció la disposición mostrada por la Subdelegación del Gobierno para trabajar de forma conjunta.



