La inminente descarbonización del transporte, la reducción de emisiones contaminantes en las ciudades o la toma de medidas en relación a la circulación de vehículos de combustión interna son temas candentes en la actualidad, especialmente por las voces que se alzan al respecto.
Actualmente, en España se está viviendo un panorama en el sector de la automoción “inédito” en el resto de Europa, según la patronal de fabricantes, Anfac, debido sobre todo a las diversas iniciativas con la intención de prohibir la venta o circulación de vehículos con emisiones de CO2 directas como la futura Ley de Cambio Climático en las Islas Baleares, que se encuentra en avanzada fase de tramitación para vetar la circulación de vehículos de gasóleo a partir de 2025 y todos los automóviles de combustión a partir de 2035.
De este modo, la patronal de fabricantes afirma que “aunque sus promotores argumentan que estos objetivos se alinean con la línea más prudente de los países europeos, que están aprobando incluso plazos más cortos para esta prohibición, ningún ordenamiento jurídico de nuestro entorno ha aprobado una limitación similar en ninguna norma con rango de ley o vinculante”.
Medidas, sí, pero no vinculantes
No obstante, la asociación reconoce que existen varios países europeos que han anunciado medidas para llevar a cabo la descarbonización del parque automovilístico. Pero aseguran que el fondo y la forma se diferencian en puntos fundamentales, especialmente con respecto al carácter prohibicionista que presenta el proyecto de Baleares, del que La Comunidad se hizo eco hace unos días.
Según afirma la patronal de fabricantes, han sido pocos los países que han tomado verdaderamente medidas legislativas en relación a los programas de incentivos o el fin de las ventas de automóviles de combustión interna. Así, en todos los casos, “la acción legislativa aprobada no es vinculante”, sino que las restricciones se articulan a través de documentos estratégicos que señalan objetivos.
Es verdad que en varios países europeos se han determinado restricciones a la circulación de vehículos diésel o gasolina en zonas denominadas “de bajas emisiones” en entornos urbanos en función de un etiquetado ambiental que discrimina a los automóviles por su potencial contaminador, que depende principalmente de su antigüedad.
Aun así, las medidas de restricción tomadas en estos países vienen acompañadas de amplios presupuestos dirigidos a la descarbonización del transporte: ayudas directas a la renovación del parque (con vehículos también de combustión) o a la adquisición de vehículos cero emisiones; el impulso a la instalación de infraestructuras, mejora de la movilidad ciudadana o apoyo a las inversiones industriales.
Anfac concluye que, aunque los fabricantes comparten el objetivo de descarbonización del parque y están haciendo esfuerzos con el objetivo de ampliar sus flotas de vehículos cero y bajas emisiones, no pueden apoyar medidas que se basan en el prohibicionismo y que son contrarias al principio de neutralidad tecnológica, que respalda Europa con sus medidas.
