Una investigación que se extiende desde Gran Canaria hasta Madrid, pasando por Fuerteventura y Lanzarote, ha permitido a la Guardia Civil desarticular una sofisticada trama dedicada a la gestión ilegal de vehículos pesados. La red falsificaba certificados medioambientales para encubrir tratamientos irregulares, una actividad que ha derivado en la clausura de tres instalaciones clandestinas y en la investigación de once personas y empresas por delitos medioambientales y falsificación de documentos. La actuación policial ha sido bautizada como operación “Dilanio”.
El punto de partida se sitúa en una intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Las Palmas, que detectó movimientos anómalos en un suelo rústico especialmente protegido. En ese enclave, sin autorización para la gestión de residuos, los agentes localizaron 44 camiones y otros vehículos de gran tonelaje, muchos de ellos parcialmente desmantelados. Según recoge La Provincia de Las Palmas, los vehículos procedían supuestamente de centros de desguace legales con los que existían relaciones comerciales.
Sin embargo, la investigación reveló que el procedimiento era fraudulento. Aunque las bajas administrativas de los vehículos se tramitaban a través de desguaces autorizados, el tratamiento real se realizaba en instalaciones no homologadas. De este modo, se ocultaba el origen ilegal del proceso y se daba apariencia de cumplimiento normativo.
Un desguace de Madrid como eje de la red
Al profundizar en la investigación, los agentes descubrieron que una empresa de transporte había entregado más de 240 vehículos pesados a un desguace ubicado en la Comunidad de Madrid. La finalidad oficial era proceder a su baja definitiva y a la correspondiente descontaminación. No obstante, en lugar de seguir los protocolos ambientales exigidos, los vehículos eran revendidos como chatarra, lo que generaba importantes beneficios económicos ilícitos.
Desde ese núcleo en la capital, la operativa regresaba a Canarias. Muchos de los vehículos eran trasladados al archipiélago, donde se desmantelaban sin ningún tipo de control ambiental y se emitían certificados medioambientales falsos para simular una gestión ajustada a la ley.
Como resultado de estas actuaciones, el Seprona ordenó el cierre de tres desguaces ilegales en Canarias: dos ya en funcionamiento y un tercero en proceso de apertura. Todos ellos se encontraban en terrenos rústicos protegidos y ocupaban, en conjunto, más de 40.000 metros cuadrados.
Un grave impacto ambiental
Uno de los aspectos más preocupantes detectados durante la operación fue la liberación incontrolada de gases fluorados durante los procesos de desguace. Estos compuestos, presentes en sistemas de aire acondicionado y refrigeración de los vehículos, requieren protocolos muy estrictos debido a su elevado potencial de contribuir al efecto invernadero.
Según las estimaciones de la Guardia Civil, la red habría manipulado más de 10.000 vehículos en los últimos cuatro años. El daño ambiental derivado de esta actividad podría ser comparable a la emisión de unas 1.500 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.
Durante los registros, los agentes tomaron muestras del suelo y elaboraron informes técnicos que acreditan la magnitud del perjuicio causado. Estas pruebas sustentan la investigación judicial en curso, que afecta a ocho personas físicas y tres personas jurídicas relacionadas con la trama. A todos ellos se les imputan delitos continuados contra el medio ambiente y falsificación documental, al haberse alterado documentos públicos que debían garantizar el correcto reciclaje de los vehículos.
