La gestión de los residuos sigue siendo una asignatura pendiente en muchos puntos del territorio, y el último ejemplo lo ha revelado un vecino del entorno del Parque Natural de Collserola. El pasado 6 de junio, alertó de la presencia de un vertido masivo de neumáticos usados en un cañón de difícil acceso, ubicado en una zona protegida al pie de la sierra. El reguero, que recuerda la forma de una serpiente entre árboles y vegetación, podría alcanzar el millar de unidades.
Un vertido costoso y peligroso
Los neumáticos, compuestos mayoritariamente por caucho y materiales plásticos, son considerados residuos altamente contaminantes, ya que pueden tardar entre 500 y 1.000 años en degradarse. Además, su acumulación supone un grave riesgo de incendio forestal, especialmente en un entorno natural como Collserola.
Según ha confirmado Raimon Roda, director del parque natural, tras recibir la denuncia vecinal se enviaron agentes forestales al lugar. “A nosotros nos llegó la noticia por un vecino que vio cómo se producía el vertido y a partir de ahí se envió a guardias forestales a comprobarlo in situ”, señala. La retirada del vertido ya está en marcha, aunque no será fácil ni barata: se estima un coste cercano a 6.000 euros debido a la complejidad del terreno.
Sospechas sobre un taller ilegal
Aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a que el responsable podría ser un taller mecánico que ha optado por deshacerse ilegalmente de sus residuos para ahorrar costes. En condiciones normales, los talleres están obligados a gestionar los neumáticos usados a través de empresas autorizadas.
Tal y como explica Paco Rojas, del taller Hermanos Rojas, “se guardan unos 18 días, viene el camión y firmas una hoja que acredita que se los han llevado. Si viene el SEPRONA, lo entregas”. Esta trazabilidad es obligatoria y se encuentra regulada por la legislación de residuos peligrosos. Sin embargo, el vertido apunta a prácticas irregulares, cada vez más vigiladas por la Generalitat de Cataluña.
Delito contra el medioambiente
La gravedad del vertido ha llevado a las autoridades a abrir una investigación por un posible delito contra el medioambiente, una infracción que puede conllevar sanciones importantes. Los hechos se producen en un contexto de creciente sensibilidad ambiental y de presión institucional sobre los talleres ilegales.
La Fiscalía de Medio Ambiente y los agentes rurales siguen recopilando pruebas para identificar a los responsables, mientras el consorcio de Collserola trata de mitigar el impacto de un acto que pone en jaque la biodiversidad de uno de los pulmones verdes de Barcelona.
