Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), coches compartidos, transporte a demanda y vehículos autónomos son algunos de los aspectos que regulará el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que fue validado por el Gobierno y que ya ha sido remitido a las Cortes para su tramitación y aprobación en el 2023.
El Proyecto de Ley promueve un marco normativo para que las políticas públicas de trasporte y movilidad logren responder con agilidad y de manera eficaz a las múltiples necesidades de los ciudadanos en términos de movilidad, a la vez que se abordan sus principales desafíos: sostenibilidad, digitalización y cohesión social y territorial. En palabras de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la nueva ley se constituirá como el “pilar normativo sobre el que se asienta la política de movilidad, protegiendo el medio ambiente y mejorando la calidad del aire”.
En ese sentido los pilares de la normativa son la descarbonización del transporte y el reconocimiento de la movilidad como un derecho de los ciudadanos, así como la priorización de la movilidad activa en las ciudades (por medios no motorizados) por encima de otras soluciones, así como el transporte público y privado colectivo.
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y ciudades para personas
Las Zonas de Bajas Emisiones que actualmente se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, quedarán reforzadas por el nuevo Proyecto de Ley, que le dará luz verde a los ayuntamientos para que puedan establecer una tasa de circulación de vehículos en las ZBE, las cuales deberán fijarse en base al rango de ley para garantizar homogeneidad en las condiciones básicas a lo largo del territorio, pero con la opción de que cada territorio pueda implementar dicha tasa.
La Ley también garantizará la contribución financiera por parte del Estado para la movilidad sostenible en las áreas urbanas y metropolitanas, obligando, eso sí, a las administraciones a transformar las ciudades para que pasen a ser de ‘ciudades para los coches’ a ‘ciudades de las personas’, integrando también a los sectores productivos en dicha transformación. Por ejemplo, las empresas con más de quinientos trabajadores, o doscientos cincuenta por cada turno, deberán disponer de planes de movilidad sostenible así mismo, las empresas del sector del transporte deberán calcular su huella de carbono y comunicarla a los usuarios y los ayuntamientos deberán transformar y habilitar los entornos escolares para que los niños puedan arribar de forma activa y autónoma a los centros escolares.
El papel de las administraciones
Para coordinar la cooperación entre las tres administraciones se creará el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, mientras que los municipios de entre veinte mil y cincuenta mil habitantes deberán actuar bajo los planes de Movilidad Urbana Sostenible.
