La actualización del reglamento de homologación de vehículos en términos de ciberseguridad para principios de 2020 “podría resultar muy perjudicial para la distribución independiente de recambios”. Y es que, según Ancera, en el redactado actual se considera “ciberamenza” cualquier tipo de acceso y comunicación con el vehículo u otros mecanismos y prácticas de control de acceso, incluyendo el puerto OBD y cualquier conexión inalámbrica.
Esto podría provocar, en nombre de la “ciberseguridad”, un cierre completo del vehículo para los distribuidores de recambios.
De confirmarse la iniciativa de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) para aumentar el nivel de ciberseguridad dado el desarrollo del coche conectado y autónomo, el reglamento, asegura Ancera, dejaría en manos de los constructores de vehículos el establecimiento de medidas de ciberseguridad discrecionales, patentadas, autodeclaratorias y no armonizadas. Esto podría provocar, en nombre de la “ciberseguridad”, un cierre completo del vehículo para los distribuidores de recambios.
De hecho, la patronal insiste en que, de no incluir cláusulas de salvaguardia para la posventa, este reglamento podría privar al distribuidor de recambios de cualquier acceso independiente a los datos y recursos del vehículo: el puerto OBD podría cerrarse; los certificados de acceso de los fabricantes de vehículos podrían no ser compatibles con las herramientas de diagnóstico y ensayo independientes; y podría impedirse el acceso directo y a distancia a los datos, lo que daría a los constructores de vehículos un monopolio sobre los datos que comparten, decidiendo a qué coste y en qué condiciones los ceden, cuestión incompatible con la legislación europea.
Además, según la patronal, la estrategia de ciberseguridad patentada por los constructores de vehículos también podría imposibilitar el uso de piezas de recambio independientes en el taller, pues podrían rechazarse por poca “seguridad”, ya que su necesaria codificación podría no ser aceptada en la electrónica de ciberseguridad de los vehículos.
Situación ante la que Ancera, a través de Figiefa gracias a su estatus consultivo, está participando en las reuniones con la CEPE en las que se negocia el reglamento habiendo redactado, presentado y defendido los cambios pertinentes a fin de preservar los intereses de los distribuidores independientes de piezas de recambio y componentes, manteniendo al tiempo la máxima protección en términos de ciberseguridad. Además, la patronal ha informado a la Comisión Europea de las amenazas que esta normativa supondría para el marco legislativo europeo en materia de derechos de reparación y mantenimiento.
Y no sólo, Ancera también ha puesto en conocimiento del Gobierno de España los riesgos que el proyecto de reglamento tiene para las empresas de posventa independiente, y sobre las soluciones contenidas en las enmiendas, y participará en un estudio europeo independiente sobre ciberseguridad para demostrar que es perfectamente posible tener el más alto nivel de protección al tiempo que se permite una comunicación independiente con el vehículo y sus datos.
